Qué esperar del Consejo de hoy

Miguel Ángel Granados Chapa/Plaza Pública

“No hay nada que lesione tanto a México en este momento como la delincuencia y el crimen, no hay nada más indignante para la sociedad que la impunidad. Las autoridades de todo el País tenemos una gran deuda con los mexicanos. La sociedad exige de nosotros una entrega total y sin descanso, es nuestro deber garantizar la seguridad”.

Estas son algunas de las palabras presidenciales al abrir la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No es que con trato preferencial se nos haya anticipado la versión del discurso del Ejecutivo en la reunión de esta tarde. En realidad, se trata de lo dicho por Vicente Fox en la XX sesión del consejo que hoy celebra la número XXIII. Para infortunio de todos Felipe Calderón podría incluir un párrafo semejante al pronunciado por su antecesor el 31 de enero de 2006. O a lo dicho por Ernesto Zedillo el 29 de enero de 1999 en la reunión equivalente: “Como gobernantes, tenemos una gran deuda pendiente con nuestro pueblo en materia de seguridad pública”. Es seguro que hoy por la tarde, con formulaciones semejantes o diferentes se mencione de nuevo ese adeudo social, no sólo insoluto sino acrecentado al paso de los años en la medida en que creció la inseguridad que hoy abruma de alguna manera a todos en el País.

(En más de un momento las reuniones sociales en las clases media y alta se iniciaban con una advertencia: sólo se permitía narrar un episodio de violencia de que los presentes tuvieran noticia, por haberlo padecido directamente o por comunicación comprobable. Se pedía esa contención para no dedicar íntegramente la tertulia o la fiesta a exponer y escuchar casos desgarradores, que por sí mismos y sus consecuencias alteran por siempre la vida de una persona. Hoy no resisto dedicar unas líneas al caso de un empresario que al cabo de toda una vida de trabajo ha sufrido serios quebrantos a manos de la delincuencia: el año pasado, un camión cargado de mercancía importada por él para su distribución en la Ciudad de México fue asaltado apenas traspuso la aduana en Nuevo Laredo. Fue imposible no digamos el hallazgo, la restitución del cargamento y la aprehensión de los ladrones sino ni siquiera la denuncia del hecho, pues los agentes aduanales que debieron presentarla se abstuvieron de hacerlo, temerosos de represalias de los asaltantes o corrompidos por ellos. Y hace dos semanas, al salir de una sucursal bancaria con el importe de la nómina sus empleados sufrieron otro asalto, también sin remedio hasta ahora).

Desde 1996 en que se iniciaron, las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, algunas impulsadas por la indignación social como la de esta tarde, se han caracterizado por la verborrea, los sentimientos de culpa y la exposición de buenos deseos. Muy pocos de los acuerdos adoptados en las veintidós sesiones hasta ahora ocurridas se convirtieron en medidas que funcionan, así sea de modo insuficiente o con lentitud, como el Registro Nacional de Vehículos. Los más se pierden por completo en la esterilidad burocrática. Algunos renacen de tanto en tanto: la decisión de establecer una Academia Nacional de Policía se transformó al paso de estos años en un programa de profesionalización que tampoco se concretó.

El tema recurrente en las sesiones del consejo es el dinero. Allí se deciden los criterios de asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, un suculento caudal de recursos cuyo monto casi se ha triplicado en una década, desde 2,407 millones de pesos en 1997 hasta más de seis mil millones en este año. Pero no basta decidir la cuantía del Fondo y determinar la suma que corresponde a cada entidad. En la vida práctica de todos los días la buena voluntad expresada en este punto en las sesiones del Consejo se estrella con obstáculos que impiden que el gasto se materialice y sea percibido por los ciudadanos en disminución de la inseguridad.

Vamos, es que ni siquiera se ejerce lo acordado. La semana pasada Germán Martínez hizo notar que el año pasado sólo se gastó en todo el País la mitad de lo autorizado; es decir, que las entidades dejaron de ejercer 50.3% de lo que hubieran podido aplicar a programas de seguridad. Y en este año, según dijo, hay entidades que no han tocado un peso de lo que se les asignó, como Aguascalientes y el Estado de México. El DF se les aproxima con un subejercicio de 97%. En cambio, están al día en aprovechar los suministros federales del caso los gobiernos de Jalisco, Veracruz y Zacatecas.

El desorden en el ejercicio del gasto comienza por su registro deficiente. El informe que recibe el Congreso sobre las finanzas públicas asegura que de los seis mil millones de pesos del Fondo mencionado, en el primer semestre se entregaron a los estados 2,977 millones de pesos. Pero la Unidad de coordinación con las entidades federativas de la Secretaría de Hacienda dice que son 3,600 millones. Y el subsecretario de Egresos Dionisio Pérez Jácome, asegura haber “canalizado conforme a lo programado, más de cuatro mil millones de pesos” (El Financiero, 20 de agosto).

Las pesimistas notas anteriores tienen el propósito de desalentar a los lectores que esperan de la sesión de hoy del Consejo Nacional de Seguridad Pública decisiones que por su contundencia y viabilidad hagan estremecer a la delincuencia organizada. Y tampoco mueven al optimismo las generalidades del borrador del Acuerdo Nacional para la Legalidad y la Seguridad, anticipado ayer por Reforma.