Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., 18 de agosto (Apro).- Oportunista y retórico ha sido el habitante de Los Pinos en esta nueva crisis de inseguridad que padece México.
La ejecución de Fernando Martí, hijo de un prominente empresario del ramo deportivo, ha venido a exponer la falta de respuesta al problema por parte del Estado mexicano, empezando por quien ostenta su jefatura.
Pero también ha venido a revisar la relación de Calderón con uno de sus principales electores: la cúpula empresarial.
Agobiada por la inseguridad que la alcanzó hace algunos años, pero que la desbordó en el gobierno de Vicente Fox –como desde mediados de los 90 le ha ocurrido al mexicano medio–, en 2004 el empresariado mexicano promovió una de las manifestaciones de inconformidad más grande que se ha registrado en el país por un problema social.
Apoyados por la derecha extrema del país, el reclamo de los empresarios a Fox fue directo. Pero éste fue incapaz de articular una propuesta de solución.
Calderón no sólo quiere eludir la experiencia foxista, sino evitar a toda costa la confrontación con quienes fueron sus grandes electores.
La marcha que están organizando los organismos empresariales inexorablemente será una crítica hacia el gobierno federal.
Por eso, Calderón se está curando en salud para repartir responsabilidades en los otros dos poderes y hacer del tema un “asunto de Estado”.
Primero, en un franco oportunismo político, comenzó a lucrar con el asesinato de Martí al proponer al Congreso el endurecimiento de las penas a los secuestradores.
Fue un fiasco en cadena nacional. De inmediato, congresistas de distintos partidos lo enmendaron e hicieron ver lo retórico del discurso de Calderón. Su propuesta desechada desde hace años no fue más allá del apoyo de sus propagandistas.
No por nada, el presidente de
Aunque al ministro se le extravió la autocrítica, pues sobran los casos en que los jueces y magistrados han sido cómplices de la delincuencia, no le faltó razón al decir que la parte más importante del problema es responsabilidad del Ejecutivo.
Desde hace una década está demostrado que apenas el dos por ciento de los delincuentes acaba en la cárcel. El resto se evade principalmente en medio de la corrupción de los ministerios públicos.
Los expedientes están tan deliberadamente mal integrados que no hay justicia que sentencie a un delincuente por más que los hechos lo incriminen, pues lo que no está consignado en el expediente, no existe para el juez.
Como responsable del gobierno mexicano, Calderón tiene asignado por ley la responsabilidad de elaborar la política pública del país en materia de seguridad a través de
Pero no ha ido más que de improvisación en improvisación. El caso más evidente fue el de la unificación de la policía, tan cacareada por el titular de la dependencia, Genaro García Luna.
El gobierno de Calderón sencillamente no pudo con esa propuesta y ya de plano la abandonó. La alternativa fue la llamada Policía Federal, que es una más de las tantas que existen.
En materia de prevención del delito nada se conoce que haya emprendido este gobierno.
Mucho más fácil es lucrar políticamente con el tema.
La reunión del próximo jueves del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tendría que ser una más desde que se creó esa instancia desde 1997, será elevada por Calderón a un supuesto acto de Estado del que no saldrá nada de provecho más que una pretendida ganancia política.
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