Tres de los últimos cuatro presidentes mexicanos perdieron trágicamente a sus mejores amigos y más cercanos colaboradores.
Uno, Luis Donaldo Colosio, asesinado en plena campaña presidencial, en Tijuana, la tierra del cártel del narcotráfico más poderoso de entonces. Era el mejor amigo de Carlos Salinas.
Otro, Ramón Martín Huerta, quien murió al caer el helicóptero en el que viajaba a un penal de máxima seguridad donde estaban recluidos algunos de los principales capos de México. Era el más cercano colaborador de Vicente Fox.
Y el último, Juan Camilo Mouriño, que falleció al desplomarse el jet en el que viajaba acompañado del ex comisionado para combatir la delincuencia organizada y luego secretario técnico de Seguridad.Era el mejor amigo de Felipe Calderón.
En ninguno de los tres dramáticos casos se ha admitido abiertamente que el responsable fue el narcotráfico. Pero en los tres, la pesada sospecha de la lucha
contra las drogas está presente.
Pero aún aceptando a ciegas que se tratara de un accidente, lo de Mouriño, la trágica muerte del secretario de Gobernación y mejor amigo de Calderon, se da en un momento incómodamente "oportuno".
PRIMERO. La familia Mouriño, en especial su padre Carlos Mouriño Atanes, tendría que comparecer ante la PGR para explicar el origen de los fondos para la instalación de empresas en España. El caso podría terminar diluyéndose tras la tragedia.
SEGUNDO. El padrinazgo de Juan Camilo Mouriño hacia Genaro García Luna, el cuestionado secretario de Seguridad Pública acusado de proteger los intereses de un solo cártel, colocó al fallecido hombre de Bucareli como favorecedor de un bando. Las definiciones, aunque sean simples percepciones, tienen un costo.
TERCERO. El golpeteo externo desde los medios, así como el interno desde Los Pinos y el PAN, reclamaban a Felipe Calderón el relevo de Mouriño como titular de Gobernación. Decían que era más el daño político que el beneficio de mantenerlo en el cargo. En principio, Mouriño buscaría una diputación federal plurinominal para vertirse en el líder de la bancada blanquiazul a partir de 2009. Y desde ahí saldría a buscar la Presidencia.
Felipe Calderón transformó un afecto personal en supuesto funeral de Estado y, en un giro que depositó lo político en el plano de lo religioso (que llevó la razón de lo público al plano de lo privado, de la silla del poder al púlpito, de lo centrado a lo desquiciado), pronunció párrafos de insólitas bienaventuranzas, no como Mesías tropical sino del Campo Marte. El amiguismo iluminado utilizó figuras bíblicas para expedir un sacro certificado oficial de inocencias y, en ese magno foro de premiadas concurrencias pluripartidistas, designó a Juan Camilo Mouriño como máximo depositario de virtudes cívicas, políticas y morales. La devoción personal del ocupante de Los Pinos llevó inclusive a establecer diferencias gráficas y protocolarias en la ceremonia en que la muerte debió haber igualado a todos: adelante, único, preferido, el ataúd correspondiente al ex secretario de gobernación, con su fotografía al frente y Calderón a un lado; atrás, en grupo, sin distinción, los demás cajones mortuorios.
De haber sido 2012, buena parte del discurso del afligido michoacano podría haber sido tomada como propuesta de candidatura presidencial; hoy, ante las circunstancias fúnebres, la relación de óptimas características y comportamientos de San Camilo parecería autoelogio indirecto: patriota, republicano, estratega, visionario, reformador, conciliador, federalista, honesto, comprometido, leal, eficaz, negociador, disciplinado, callado y un etcétera que consumió en tiempo, pasión y sentido, más de la mitad de las palabras felipenses que pretendieron corregir el enfoque virtualmente unipersonal, discriminatoriamente mouriñista, del discurso del hangar, el pasado martes en la noche, pues ahora se mencionó al resto de los viajeros caídos, con referencias elogiosas a algunos de ellos, pero manteniendo silencio respecto de los muertos en tierra que no formaban parte de burocracias ni amiguismos de elite, en un persistente privilegio de lo aéreo sobre lo peatonal, de lo político sobre lo social, de lo palaciego sobre lo popular (el desfile de personalidades políticas en las pompas fúnebres sólo subrayó la gran distancia de ese segmento del poder respecto al pueblo en general, con esas ceremonias de intereses que no calan entre quienes diariamente ven muertes sangrientas por doquier, desesperación y abatimiento sociales y un futuro cada vez más oscuro, justamente a causa de las maniobras de las cúpulas y del saqueo que por medio de la política hacen muchos personajes provisionalmente dolientes).
El mejor promotor de la hipótesis del atentado es el propio gobierno federal. La insistencia oficial en que no hay cabida más que para pensar en lo accidental ha generado una rápida propagación del espectro de las conspiraciones, con material especulativo que va desde las dudas respecto de la verdadera identidad de los irreconocibles restos calcinados hasta las razones políticas que habrían estado detrás de las presuntas maquinaciones en las que, según esos ánimos públicos desatados, habrían podido participar intereses petroleros traicionados o venganzas de narcotraficantes (sobre todo por la detención de El Rey Zambada), o maniobras de falsa desaparición para luego disfrutar riquezas acumuladas, e incluso ajustes internos de cuentas o pleitos despiadados entre derechistas desesperados por seguir en el poder. De la aparición de esas y otras variantes de la imaginación colectiva ha de responsabilizarse al mal manejo de la crisis del Learjet que ha hecho la administración felipista, en particular su nada confiable secretario de comunicaciones y transportes, el transexenal Luis Téllez, que produce suspicacias en la misma proporción en que se ha aferrado desde unas horas después del accidente aéreo a instalar la teoría del tirador solitario, perdón, del accidente como opción solitaria, sin practicar la necesaria apertura a todas las variables que un investigador honesto y sin consigna habría de mantener cuando menos durante el lapso inmediatamente posterior a un suceso tan altamente polémico. Y la rapidísima campaña de información internacional organizada por la normalmente lenta y aguada cancillería, como si una orden superior estuviese conminando a ciertos subordinados a luchar para asentar con fuerza la idea del accidente como posibilidad única.
El periodista Ricardo Ravelo, especialista de la revista Proceso en temas del narcotráfico, habla con Ricardo Rocha de diversas hipótesis sobre las causas de la caída de la nave de Mouriño, donde además murió Santiago Vasconcelos, principal funcionario de la lucha antinarco en los años recientes.
La enemistad entre los titulares de la procuraduría general de la república y la secretaría de seguridad pública no sólo inmoviliza al gobierno federal y torna estéril su cruzada contra el narco y crimen organizado. También muestra que ambas instituciones son tan porosas que los capos ya se posicionaron en ellas. La infiltración es de tal magnitud que convierte en sospechosos a los propios Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.
Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno (espurio) de Felipe Calderón prácticamente sumido en la incredulidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el Crimen Organizado. En los casi dos años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa. Aunado a ello en los últimos días aparecieron narcomantas en varios estados en las que el titular de la SSP, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, su hijo Jesús Zambada y otros miembros del Cártel de Sinaloa, dos de los colaboradores de García Luna: Víctor Gerardo Garay Cadena y Luis Cárdenas Palominos, comisionado interno de la PFP y coordinador de inteligencia de la SSP, respectivamente, fueron interrogados por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por la presunta protección a los sicarios de esa organización. El 30 de octubre, tres días después del interrogatorio, cuando todo parecía indicar que ambos serían arraigados, García Luna ejerció “fuertes presiones” ante la PGR para que los liberaran, aseguró una fuente interna de esta última dependencia. Así mismo, policías federales, particularmente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusan a García Luna de estar coludido con el cártel de Sinaloa desde el sexenio pasado, cuando fungía como director de la AFI.
Y por esas mismas causas –la protección a los sicarios del Cártel de Sinaloa y los mensajes de las narcomantas– también fueron citados a declarar a la SIEDO cerca de 70 agentes federales, en particular elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la PFP que operan bajo las órdenes de Garay Cadena.
El comisario Javier Herrera Valle, excomisionado de la PFP y quien recientemente fue despedido de la SSP, asegura que García Luna se ha convertido en un funcionario intocable, a pesar de su negro historial y los señalamientos que lo vinculan con la protección al narcotráfico. “García Luna, al menos eso me mandó decir Juan de Dios Castro Lozano (subprocurador de derechos humanos de la PGR) es el funcionario consentido del presidente Calderón. Creo que por eso no se le toca”, dice Herrera Valle.
–¿Usted cree que García Luna es el hombre consentido del gabinete o existen complicidades oscuras que lo unen con el presidente? –Ya no sé que pensar ni qué decir. No he recibido respuesta de mis cartas, en las que denuncio la corrupción. Pero no tengo duda de que García Luna es intocable y esto es muy peligroso para el país.
Inamovible
Los señalamientos de que García Luna está presuntamente coludido con el cártel de Sinaloa no son nuevos. Según datos de la PGR, las presuntas relaciones de este personaje con el narco datan de 2005 y él ni siquiera ha sido investigado por ello. La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, integrada contra la célula de los hermanos Beltrán Leyva –cuando mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el estado de Guerrero–, contiene revelaciones que implican al titular de la SSP en la presunta protección de este grupo criminal. Se trata de transcripciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos enviados por personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo –en 2005 había una fuerte pugna entre Los Zetas y los Beltrán Leyva por el control de Acapulco y Zihuatanejo, dos plazas boyantes del narco– en los que denunciaron que García Luna recibía pagos millonarios de los Beltrán Leyva. Al igual que otros mensajes, un telefonema recibido el 15 de mayo de 2005 en la PGR pasó a formar parte de una constancia ministerial. El reporte dice: En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el período de guardia nocturna, se recibió el teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación (en el 2005 García Luna fungía como director de la AFI) de las plazas de Acapulco y de Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo en la tarde detuvieron a cinco zetas, (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
En otro reporte, por el cual García Luna tampoco fue molestado y mucho menos investigado, registrado en la averiguación referida, contiene un dato contundente: que el actual secretario de Seguridad Pública recibía dinero del Cártel de Sinaloa: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González (el mismo a quien Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, le entregó un millón de dólares para que le brindara protección a él y a su jefe Arturo Beltrán Leyva), mismo que se encuentra prófugo de la justicia en el vecino país de Belice. El mensaje, presuntamente enviado por personal del cártel del Golfo a la PGR, termina con una advertencia: Esperamos su actuación a esta acción reprobable lo antes posible y exigimos pongan a disposición a nuestros cinco compañeros y en libertad a sus familiares o de lo contrario dejaremos caer todo el rigor y coraje sobre esos narcopolicías. Si no hay reacción, en cinco días difundiremos toda esta información a todos los medios de comunicación y dos días después recibirán nuestro mensaje particular contra aquellos bandidos o narcopolicías.
Además de los mensajes que ha recibido Calderón sobre la descomposición interna en la SSP y la corrupción (tráfico de plazas, “dobleteo” de viáticos y colusión de policías y altos mandos de la PFP con el narco), García Luna sigue inamovible en su cargo y su posición ahora parece reforzarse con la reaparición de Jorge Tello Peón –su mentor–, quien fungió como subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo y desapareció de la escena pública poco después de la fuga de El Chapo Guzmán en enero del 2001. Los señalamientos de que García Luna sirve a los intereses del narco han surgido por varias vías, pero de nada han servido pues él sigue en el cargo, a pesar de todo. El 1 de agosto del 2007, por ejemplo, el procurador Eduardo Medina Mora recibió una carta, firmada por un testigo protegido –cuyo nombre y clave se omiten por temor a represalias–, la cual se refiere a la relación que mantuvo García Luna como director de la AFI con Alberto Pliego Fuentes (ya fallecido), quien presuntamente estaba ligado al negocio de la efedrina. De acuerdo con una fuente consultada, Pliego Fuentes, a quien entre otras capturas se le atribuyó la de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, tenía relación con el cártel de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como pioneros en la producción y tráfico de drogas sintéticas y, a través de sus relaciones con altos mandos de la AFI, obtenían la sustancia química, que es la base de las llamadas drogas de diseño.
Recientemente estalló la crisis al interior de la SSP, cuando cientos de agentes federales tanto de la AFI como de la PFP endurecieron sus posiciones y se lanzaron a la calle a protestar contra García Luna por sus yerros en la lucha contra el narcotráfico. Los inconformes exigieron limpieza en la institución, retiro de “mandos corruptos” y frenar el proyecto de unificar a la AFI y a la PFP bajo un mando único, lo que a su juicio significa “darle más poder a García Luna para servir a intereses dudosos”. El 20 de octubre último, de nueva cuenta se puso en evidencia la presunta protección que mandos de la AFI y de la PFP ofrecen al cártel de Sinaloa, en particular a Ismael Zambada García El Mayo, así como a sus familiares. Ese día se desató una balacera en las inmediaciones de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde familiares de El Mayo Zambada, entre ellos su hermano Jesús Zambada, habían rentado una casa. Durante el enfrentamiento, derivado de una supuesta denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de los capos, aparecieron cuatro agentes federales que repelieron el fuego en defensa de los presuntos narcotraficantes del cártel del Pacífico. Según información de la PGR, uno de los agentes que brindó apoyo a los Zambada es Ulises Rodríguez Rodríguez, quien fue presentado como exintegrante de la desaparecida Policía Judicial Federal. De acuerdo con datos consultados en la SSP, este personaje en realidad se llama Marco Antonio Valadez Rico, un elemento activo de la PFP adscrito a la Dirección General de Aeropuertos y Fronteras, bajo las órdenes de Oscar Moreno Villatoro.
Los otros tres policías, que también operaban en el círculo cercano de García Luna, son: Carlos Gerardo Castillo Ramírez, adscrito al área de Despliegue Regional de la AFI, José Guillermo Báez Figueroa, quien trabajaba en la Coordinación de Despliegue Regional de la PFP, y Francisco Montaño Ochoa, agente ministerial del Estado de México, territorio que hoy se disputan Los Zetas, La Familia y el cártel de Sinaloa.
Promesas incumplidas
En la PGR la situación es aun más crítica. En varias décadas son pocos los procuradores que no han resultado “salpicados” por la corrupción o por sus nexos con el crimen organizado. Los últimos dos de los antecesores de Medina Mora: Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca se comprometieron a depurar a la PGR con discursos triunfalistas. Ambos fracasaron. El primero se vio inmerso en varios escándalos, entre ellos se le señaló como protector de Los Zetas, según la averiguación previa PGR/GRO/ACAAMA/413/2005–; el segundo, quien despachó en la PGR durante los últimos 20 meses del gobierno de Vicente Fox, reconoció su fracaso, incluso declaró que sus agentes estuvieron a punto de capturar al Chapo Guzmán, pero éste logró escapar, dijo antes de abandonar su cargo. Medina Mora, al ser ratificado por el Senado en diciembre de 2006, declaró: “El compromiso de la PGR es recuperar los espacios perdidos que la delincuencia nos ha arrebatado. Los mexicanos pueden tener la certeza de que viven en un país de leyes, con pleno respeto a los derechos humanos, con efectividad y transparencia en la aplicación de la justicia”. Y agregó: “La gran responsabilidad de la institución es evitar el temor y promover la confianza de los mexicanos en las instituciones encargadas de procurar justicia…
Casi dos años después de aquel discurso, en el que también se comprometió a sanear a la PGR, Medina Mora ahora enfrenta uno de los conflictos más graves: la infiltración del narcotráfico en la SIEDO, la subprocuraduría más importante en las investigaciones contra el crimen organizado. Según información de la misma procuraduría, la célula de los hermanos Beltrán Leyva logró tejer una amplia red de informantes –secretarias, agentes del Ministerio Público, fiscales, policías– que les informaban con antelación sobre los operativos realizados en contra de su organización. Entre los informantes figuran poco más de una treintena de agentes del Ministerio Público que aportaban información a los hermanos Beltrán Leyva, así como datos confidenciales de expedientes en curso de investigación. A cambio de esos favores, recibían gratificaciones mensuales de entre 350 mil y 400 mil dólares. De entre las piezas más importantes que desde la SIEDO servían a los hermanos Beltrán Leyva destacan: Miguel Colorado y Fernando Rivera, quienes hacía mancuerna con Antonio Mejía y Jorge Alberto Zavala. Hoy los cuatro están presos en el penal de Puente Grande, Jalisco, en tanto que Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, agente de la AFI adscrito a la SIEDO, y José Antonio Cueto López, exagente de la extinta Policía Judicial Federal y presunto enlace entre los Beltrán Leyva y altos funcionarios de la SIEDO, están prófugos.
Al estallar el conflicto en la SIEDO, que puso en entredicho el trabajo de saneamiento prometido por Medina Mora hace dos años, éste intentó justificarse al declarar que se dio un relajamiento del control del personal y de la custodia de los datos contenidos en expedientes de la subprocuraduría. Y añadió: “No se habían venido practicando mecanismos de reclutamiento y selección con la regularidad que marca la normatividad y, además, no se hacían, quizá, con el rigor y con la profundidad que se requiere. No es la primera vez que piezas del cártel de Sinaloa se infiltran en la estructura del poder. El escándalo en la SIEDO es similar al que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando los Beltrán Leyva “engancharon” al jefe de giras presidenciales, Nahúm Acosta, quien mantenía una estrecha relación con Arturo Beltrán. Ese vínculo fue descubierto por elementos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), así como por grabaciones que fueron entregadas a la SIEDO en la que se le recomendaba investigar “lo que ocurría en la casa número uno de México”.
Poco antes de que se descubriera la infiltración de los narcos en Los Pinos, en octubre de 2001 los miembros emblemáticos del cártel de Juárez –Vicente Carrillo, Ismael El Mayo Zambada, Javier Torres Félix, El JT, Arturo González Hernández, El Chaky, entre otros– crearon una red de informantes en la PGR y en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los informantes había militares y fiscales. Uno de los jefes del grupo era Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, conocido como El capitán Tornez, responsable de la recopilación y procesamiento de información sustantiva, generada por las células infiltradas en varias dependencias federales, que luego era entregada a los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Las operaciones de entonces son similares a las que recién se descubrieron en la SIEDO.
El temor, mi estimado, es la medida de las conductas del ánimo. Promete la semana amplio entretenimiento, sobre todo el relacionado con los infiltrados en la columna vertebral del (des)gobierno de Calderón que, muy pronto, deberá tomar simpáticas decisiones, ya que los divertidos datos duros del estercolero doméstico terminarán llegando a los más altos despachos del hoy gabinete de seguridad nacional… que no son sino los mismos que durante el gobierno del… cambio de Vicente Fox abrieron las puertas para que entraran los traviesos desarrollando una de las muchas redes que trastocaron también las puertas de la entonces cabañita acogedora.
El delicado problema de todo el volátil contexto, my friend, es que the big shit is hitting the fan derivado de presiones y/o imposiciones desencadenadas por nuestros agobiados vecinos que (mañana acuden a las estupendas urnas para elegir al próximo presidente de Estados Unidos) escandalizados por los niveles de corrupción y complicidad con the ususal suspects de Sinaloa y, por el otro lado, por la sugerente captura de
Jesús Zambada García (AKA El Rey), hermano del célebre Ismael El Mayo Zambada, en un muy sugestivo acontecimiento que, sorpresas de la vida, terminó con el arresto de uno de los jefes del interesante cártel.
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